Nuestra región aporta ventajas únicas al Net Zero: matrices limpias, tecnología renovable y minerales en abundancia. Sin embargo, enfrenta al mismo tiempo falta de recursos, tensiones socioambientales y resistencias locales. Su rol será fundamental para transformar un trayecto sinuoso en una transición justa, sostenible y resiliente.
El Net Zero nunca fue un proceso lineal. Está anclado a sistemas energéticos, instituciones y mercados que avanzan con lentitud. Esa condición lo hace inevitablemente sinuoso, con avances y retrocesos. Pero aceptar esta sinuosidad no significa resignarse al fracaso, sino comprender que se trata de una transición estructural que requiere perseverancia y gestión de riesgos.
Hoy, el contexto es adverso. El financiamiento para la descarbonización es costoso y complejo para países del Sur Global y la agenda multilateral enfrenta un presente desafiante, lo cual a su vez evidencia que las voluntades no bastan. Mientras tanto, los combustibles fósiles mantienen una resiliencia inquietante: la guerra en Ucrania puso en evidencia la dependencia importante del gas, y nuevas fuentes como el shale gas en Vaca Muerta consolidan esa inercia.
El resultado es un desfase peligroso: la acción climática necesita acelerar, pero los sistemas energéticos (y por ende también la actividad humana) siguen atados a los hidrocarburos.
Recursos abundantes, barreras persistentes
América Latina ofrece, en este escenario, ventajas estratégicas. La región tiene una de las matrices eléctricas más limpias del mundo, potencial solar y eólico extraordinario, y es hogar de minerales críticos como litio y cobre. Estas bondades coexisten, no obstante, con evidentes limitaciones: la falta de capital frena tecnologías como el hidrógeno verde o el almacenamiento; marcos regulatorios más débiles dificultan la inversión frente a regiones tecnológicamente más autónomas, y la demora de instrumentos como el CBAM europeo mantiene la brecha entre discursos e incentivos reales para toda la economía global.
También pesan tensiones socioambientales. El efecto NIMBY se expresa en comunidades que rechazan proyectos de energías renovables y su infraestructura habilitante (e.g. transmisión eléctrica) por sus potenciales impactos locales. Paradójicamente, estas resistencias se activan frente a nuevas tecnologías y no frente al uso histórico de combustibles fósiles, lo que refleja la complejidad de movilizar a la sociedad civil hacia una transición profunda.
La transición latinoamericana tampoco se juega solo en la energía. La región ofrece ecosistemas, bosques, suelos y agricultura regenerativa que capturan carbono, mitigan emisiones, resguardan la seguridad alimentaria y potencian la resiliencia comunitaria. De hecho, los bosques de América Latina y el Caribe concentran cerca del 34% del potencial mundial de mitigación basado en bosques, incluidos sumideros estratégicos como la Amazonía, cuyo stock de carbono equivale a 15–20 años de las emisiones globales de CO₂.
En Chile, la Estrategia Climática de Largo Plazo asume mantener un sumidero anual de aproximadamente 65 MtCO₂e en uso de suelo y forestal para mantener el objetivo de carbono neutralidad hacia el 2050. Sin embargo, todo esto exige financiamiento y reglas claras que valoricen estos servicios ecosistémicos, que actualmente escasean. Integrar estas fuentes a la estrategia de Net Zero no es un lujo, sino parte de la contribución que la experiencia latinoamericana puede hacer a la gestión de los riesgos climáticos a nivel global.
Chile como laboratorio adelantado
Si la adversidad puede acelerar la transición, Chile es reflejo de ello. La crisis del gas con Argentina a comienzos de los 2000 obligó a diversificar la matriz, vaticinio de lo que Europa viviría con Rusia. Esa decisión permitió construir infraestructura más resiliente y habilitar una expansión renovable ejemplarmente rápida.
En la última década, Chile ha logrado retirar cerca de 1.700 MW de generación térmica a carbón e incorporar más de 19.000 MW de generación renovable y 1.000 MW de capacidad de almacenamiento. Gracias a estos avances, el factor de emisión del sistema eléctrico pasó de 0,36 toneladas de CO₂ por MWh en 2014 a 0,20 toneladas de CO₂ por MWh en 2024.
Chile indica que es posible avanzar decididamente hacia una ruptura de la dependencia de combustibles fósiles, pero también que esta transición exige instituciones sólidas y guarda aún desafíos en otros sectores, como el transporte, la construcción y la agricultura.
Incorporar el carbono como riesgo de transición en los mercados es esencial para destinar capital hacia tecnologías limpias y reducir la incertidumbre que bloquea proyectos en el Sur Global. También es urgente deshacernos del falso dilema entre descarbonización y seguridad energética: se trata de una curva de aprendizaje tecnológica que, aunque genere percepciones temporales de riesgo, fortalece la resiliencia a largo plazo y permite habilitar oportunidades en nichos. Entre ellos, la electrificación del transporte, ámbito importante de la descarbonización que puede ir a la par con la transformación de la matriz); y el desarrollo de sistemas de almacenamiento para la red eléctrica, donde Chile ya alcanzó sus metas con 2 GW instalados y casi 7 GW en construcción.
Estos debates estarán muy presentes en la La Jolla Energy Conference 2025 en octubre, a la que asistiré para seguir profundizando en el rol estratégico de América Latina en la transición energética global que desde ImplementaSur impulsamos, asistiendo a gobiernos y empresas en una transición justa, segura y competitiva: del diseño regulatorio al acompañamiento en metas SBTi/Net Zero, y al apoyo a grandes consumidores tecnológicos para entender y optimizar mercados energéticos en la región LAC.
