En el último tiempo, el debate global sobre finanzas climáticas ha entrado en una nueva fase: el Banco Central Europeo ha comenzado a sancionar a bancos por deficiencias en la gestión de riesgos climáticos.

América Latina, mientras tanto, se ha convertido silenciosamente en un laboratorio de transición financiera. En pocos años la región ha elevado significativamente sus estándares técnicos asociados a la transición baja en carbono y resiliente al clima. Por ejemplo, según el Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), 67 instituciones financieras en América Latina y el Caribe están tomando acción bajo su marco metodológico.

También destacan México, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Panamá y Chile como adoptantes formales de los estándares IFRS S1/S2, mientras que en Colombia la adopción avanza de manera voluntaria con progresiva institucionalización. Varios países de la región han desarrollado o están desarrollando taxonomías verdes.

El avance es, por tanto, muy real (y ciertamente necesario).

Emerge, no obstante, una pregunta que incomoda: ¿estamos movilizando capital hacia la transición, o solo sofisticando su medición? Y un dato, para alimentar la reflexión: según datos de Climate Policy Initiative, de todo el capital privado de finanzas climáticas movilizado a la fecha a nivel global (1.267 bn), América Latina acoge solo 48,81 bn (menos del 4%), donde el 70% son proyectos relativos al sector de sistemas de energía (que ya cuentan con una plataforma consolidada de financiamiento en el mercado).

Tensión entre el sector financiero y la economía real

Para miles de empresas de la economía real en el sur global, las nuevas expectativas del sector financiero sobre la gestión de sostenibilidad/ESG implican inversiones y capacidades significativas en medición de huella de carbono, trazabilidad sectorial, evidencia técnica y reportabilidad.

Estas empresas son clientes de bancos que, legítimamente, están elevando su ambición climática y requieren que sus clientes entreguen información adecuada sobre sus emisiones y las gestionen. Sin embargo, el mercado aún no da garantías de recompensar ese esfuerzo, como mejores tasas, mayor acceso a financiamiento o ventajas competitivas en el mercado.

Las piezas existen; falta construcción de coherencia entre ellas

La transición climática del sector financiero depende de un sistema integrado donde cada dimensión cumple una función. La medición del riesgo climático y del alineamiento a los objetivos globales de descarbonización establece un punto de partida. La infraestructura de clasificación y trazabilidad, a través de la taxonomía, ordena el lenguaje y define qué actividades pueden canalizar capital bajo criterios transparentes. Sobre esa base técnica se construyen los planes de transición: estrategias comerciales para transformar el portafolio hacia nichos coherentes con la transición baja en carbono y resiliente al clima. 

Sin embargo, incluso cuando estas piezas están técnicamente presentes, la arquitectura queda incompleta si el mercado no remunera adecuadamente los esfuerzos asociados a la sostenibilidad. Sin incentivos económicos, ya sea a través de pricing diferencial, acceso preferencial a financiamiento, instrumentos concesionales o marcos regulatorios consistentes, la medición se convierte en reporte, la clasificación en cumplimiento y los planes de transición en ejercicios declarativos.

Si la sostenibilidad no afecta el precio del crédito, se percibe como carga regulatoria que no genera valor inmediato.

En la región, las herramientas existen. Lo que aún está pendiente es el sistema de incentivos que las articule y les permita operar como un verdadero motor de movilización de capital. Un marco de regulación prudencial que establezca explícitamente el riesgo climático en los requerimientos de capital de instituciones financieras proveería una señal clara para generar estos incentivos.

Cuando el estándar supera al incentivo

En el trabajo reciente con instituciones financieras de la región, desde ImplementaSur hemos observado un patrón recurrente.

El banco quiere mejorar la calidad de su inventario de emisiones financiadas y, al mismo tiempo, ofrecer una propuesta de valor en financiamiento verde. Pero si el cliente no tiene capacidades técnicas ni incentivos económicos claros para generar información de calidad sobre su gestión del carbono o poder invertir en su transición, la ecuación se torna frágil. Aplicar criterios de exclusión podría mejorar métricas en el corto plazo, pero reduciría la cartera elegible sin ofrecer una alternativa clara de transformación.

Este dilema no es excepcional, sino estructural en mercados emergentes.

América Latina como laboratorio de incentivos

Si la sostenibilidad financiera se limita al perfeccionamiento del reporte, el riesgo es evidente: más cumplimiento técnico, pero menos transformación real. Sin señales económicas claras, ya sea a través de regulación prudencial que internalice el riesgo climático, diferenciales de tasa o esquemas de blended finance, el cumplimiento técnico pierde tracción estratégica.

Aquí, el rol de los Estados y de las instituciones multilaterales es determinante. No solo como promotores de estándares, sino como arquitectos de incentivos: precios al carbono consistentes, marcos regulatorios coherentes, garantías parciales de riesgo, líneas concesionales bien diseñadas y estructuras que compartan el costo inicial de la transición.

La verdadera prueba no será cuán sofisticadas son nuestras métricas, sino si logramos que la transición sea financieramente viable sin contraer el desarrollo que la región todavía necesita.