Cuando hablamos de riesgos climáticos, generalmente nos referimos a dos grandes categorías: riesgos físicos y riesgos de transición hacia una economía baja en carbono. Los primeros se refieren a los impactos asociados a eventos climáticos extremos, como huracanes e incendios forestales, y también a sus efectos sobre los patrones climáticos debido al incremento de temperaturas (aumento en el nivel del mar, sequías prolongadas, entre otros). Por su parte, los riesgos de transición se relacionan con la incertidumbre de los esfuerzos globales que se realicen para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y migrar hacia una economía que desacople el crecimiento económico de sus emisiones de GEI. Los mayores esfuerzos estarían en línea con la meta global de limitar el aumento de la temperatura promedio del planeta, como máximo, a los 1,5°C por sobre los niveles preindustriales según lo establecido en el Acuerdo de París.
Todas las acciones que movilicen y fortalezcan una transición baja en carbono pueden ser potencialmente riesgosas para aquellos actores que no se anticipen adecuadamente. Dentro de estas acciones se encuentran políticas tanto nacionales como internacionales. A nivel internacional, se puede observar un aumento en la adopción e implementación de instrumentos de precio al carbono (IPC). Estas políticas, que en grandes términos se pueden dividir en impuestos y permisos de emisiones transables, logran motivar la reducción de emisiones en distintos sectores económicos[1],[2].
A nivel nacional, en enero del 2017 entró en vigencia el impuesto verde en Chile. Este se enmarca en la reforma tributaria (Ley 20.780 de Septiembre 2014[3]) y fija un precio de 5 USD/ton CO2 emitida [4]. Se puede contrastar con la referencia del valor social del carbono en 32,5 USD/ton CO2, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Social para su evaluación de proyectos. A partir del 2023, entrarán en vigencia las modificaciones a la ley del impuesto verde, que se publicaron en el diario oficial el 24 de febrero de este año en la reforma tributaria, Ley 20.210[5]. Esta modificación deja afectas a las fuentes que tengan una emisión de partículas de más de 100 toneladas al año, o una emisión anual de más de 25.000 toneladas de CO2. Esta iniciativa permitirá a las fuentes estacionales estar exentas del pago del impuesto de fuentes contaminantes de baja capacidad (menos de 50 MW)[6].
Tanto la modificación establecida por la última reforma tributaria (que amplía las fuentes gravadas por el impuesto verde), así como los posibles escenarios futuros de precio al carbono descritos bajo el Proceso de Planificación Energética de Largo Plazo (PELP)[7], podrían afectar la competitividad de distintos sectores económicos. Según el informe “Análisis de antecedentes para determinar las brechas tecnológicas existentes para la implementación de tecnologías limpias, en los sectores industriales expuestos al riesgo de una transición baja en carbono” realizado por ImplementaSur para la GIZ[8], la vulnerabilidad de un sector económico ante la amenaza de una transición baja en carbono – como futuros precios al carbono – se relaciona directamente con su nivel de emisiones de GEI. La implementación de IPCs creará una necesidad de invertir en nuevas tecnologías, lo que puede resultar en cambios estructurales al mercado que podrían significar riesgos críticos en la competitividad de las empresas. El informe destaca que los sectores de cemento, refinería de combustibles e industria de metales básicos, son especialmente vulnerables debido a su alta exposición al comercio internacional y a sus altos niveles de emisión de GEI con respecto al valor de su producto[9].
En general, las industrias más expuestas tienden a ser proactivas frente a la adopción de cambios tecnológicos ya que tienen un alto incentivo a reducir sus costos operacionales, que puede resultar a su vez, en una reducción de emisiones. A pesar de esto, el ritmo de la descarbonización sigue siendo un desafío, en particular cuando se trata de enfrentar barreras regulatorias, financieras y comerciales[10]. Estas barreras pueden ser transversales a múltiples sectores económicos, y no sólo a aquellos más expuestos.
Los riesgos de transición generalmente se asocian a cuatro ámbitos: riesgos tecnológicos, de mercado, regulatorios y aquellos derivados de la reputación de las empresas. Los riesgos tecnológicos y de mercado están principalmente ligados a la adopción de tecnologías bajas en carbono que favorezcan a la empresa, haciéndola más competitiva o desarrollando nuevos productos en el mercado. La principal incertidumbre está dada por los tiempos de desarrollo e implementación de estas tecnologías. Por su parte, los riesgos regulatorios consisten en políticas que restringen las emisiones, como los IPCs mencionados anteriormente, y en aquellas que promuevan medidas de mitigación. Finalmente, los riesgos reputacionalesafectan principalmente la percepción de los clientes y la comunidad respecto a la empresa, además de la de los inversionistas que consideran las medidas frente a los riesgos climáticos a través de índices de desempeño corporativo como el Dow Jones Sustainability Index (DJSI)[11].
Por lo mismo, es de suma importancia que las empresas aprendan a gestionar los riesgos de transición, y analizar cómo éstos pueden afectar su negocio. Los riesgos climáticos se pueden representar a través de una función compuesta por tres variables. La primera variable es la probabilidad de ocurrencia de una amenaza climática a la cual se enfrenta un activo u organización. La segunda es la exposición que tiene frente a dicha amenaza, es decir, si se encuentra o no afectado por ella. Por último, está la vulnerabilidad que posee ante una amenaza particular, que se define como el grado de susceptibilidad que tiene un sistema para afrontar los efectos adversos de la amenaza.
Teniendo en cuenta lo anterior, se pueden efectuar distintos análisis para el riesgo de transición. Por ejemplo, un análisis podría ser hecho en base a las condiciones actuales de una empresa o a un portafolio de activos financieros. En cuanto a la amenaza, se deberían analizar las actuales y posibles regulaciones climáticas vigentes asociadas a un precio al carbono que afecte a las emisiones de la organización (y su evolución en el tiempo). Para la vulnerabilidad, se debe analizar qué activos están afectos por estas regulaciones, ya sea por su nivel de emisiones de GEI, consumo eléctrico u otro. Finalmente, la exposición depende de qué tan dependientes son los activos de estas emisiones o consumos. A partir de las variables, se tendrá una idea cualitativa de qué activos o empresas se podrán ver más impactadas a futuro como resultado de la interacción de las tres[12].
Dentro de las labores de ImplementaSur, se distingue el análisis de riesgos climáticos para distintos clientes, dentro de los cuales se puede destacar el trabajo llevado a cabo para activos de una importante empresa que lidera la propiedad y administración de activos inmobiliarios para el mercado de retail. A su vez, se han desarrollado herramientas de uso libre para estimar los posibles costos que podría tener una empresa frente a distintos escenarios y precios al carbono, como la que se presenta en www.implementasur.com/prueba, para facilitar el análisis de riesgos. Todas estas capacidades y herramientas se pueden utilizar, por ejemplo, para que una empresa pueda contestar cuestionarios de CDP[13], rellenar formularios del DJSI o seguir las recomendaciones del TCFD[14].
Junto con estas capacidades, después del análisis de riesgos climáticos es importante desarrollar un plan de ejecución, de acción o ruta que permita afrontar los riesgos. En particular, ImplementaSur hemos elaborado hojas de ruta de desarrollo sostenible o bajas en carbono, como es el caso del plan de ejecución elaborado para la industria del acero en el estudio “Desarrollo bajo en carbono para la industria chilena de la siderurgia” para Fundación Bariloche, GIZ y el Ministerio de Energía. Dentro de esta elaboración de un plan de acción se requiere el establecimiento de etapas, responsables, plazos y los recursos para abordar los riesgos climáticos. Para el desarrollo de este plan de ejecución se requiere, luego de analizar los riesgos, identificar medidas de mitigación y abatimiento de GEI, priorizarlas según costo-eficiencia y construir un plan de inversión. En cuanto al plan de inversión, se deben identificar a su vez las barreras que pueden existir para la implementación del plan, junto con los marcos facilitadores, principales actores y la interacción entre estos stakeholders. En base a este conocimiento, se puede finalmente armar una hoja de ruta para la transición baja en carbono, que resuma las medidas que se deben seguir.
Bajo esta mirada, es importante destacar la toma de conciencia sobre los riesgos de cambio climático que está llevando a cabo el sector empresarial. Gracias a esto, se ha ido comprendiendo que lo más eficiente en términos económicos es atender y gestionar dichos riesgos desde etapas tempranas. O más aún, finalmente, se ha ido comprendiendo que la transición hacia una economía baja en carbono es una inversión a largo plazo que debe ser concebida dentro de la estrategia del negocio de las empresas, y no una serie de cumplimientos ambientales.
